webmail
Portal personal
Este lunes se ha celebrado la reunión inicial de las organizaciones que compondrán este organismo durante los próximos cuatro años, en una sesión presidida por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Consejo permite a las entidades sociales ejercer su papel de interlocución con la Administración a la hora de defender los derechos de las personas que se encuentran en el ámbito penitenciario.
Fundación Diagrama ha participado este lunes en la reunión del Consejo Social Penitenciario, una sesión presidida por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que se ha oficializado la composición del organismo para los próximos cuatro años. De esta forma, la Fundación renueva su papel de vocal para la interlocución con la Administración a la hora de defender los derechos de las personas reclusas que atiende a través de diversos programas de intervención socioeducativa, psicoterapéutica, sociolaboral y sociosanitaria.
El Consejo Social Penitenciario queda así compuesto tanto por Diagrama como por UNAD, red de atención a las adicciones de la que la Fundación forma parte, junto a las siguientes organizaciones sociales: Cruz Roja, Plena Inclusión, Cáritas, Pastoral Penitenciaria, Proyecto Hombre, Fundación Atenea Grupo GID, Confraternidad Carcelaria de España y Confederación Salud Mental España. Junto a representantes de estas entidades, la reunión también ha contado con la presencia del director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente, y de responsables de distintas direcciones dependientes del Ministerio de Interior.
Fundación Diagrama estará representada en el Consejo por José Ramón López, coordinador de Programas de Adicciones e Instituciones Penitenciarias de la entidad, quien aportará la visión de la intervención social con este colectivo para colaborar y participar en el desarrollo de políticas penitenciarias y de reinserción social. La experiencia de la Fundación en este ámbito servirá para poner en valor las necesidades de las personas penadas, el abordaje personalizado de sus medidas, la interseccionalidad de la intervención en situaciones como las conductas adictivas, la introducción de la perspectiva de género y el papel que las redes relacionales y comunitarias pueden tener para prevenir la reincidencia, entre otros aspectos.
