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Tras más de 30 años de conflicto armado, el clima de violencia y la vulneración de los derechos fundamentales es una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad guatemalteca. Esta realidad afecta especialmente a la infancia, donde sus derechos más elementales que se ven continuamente violentados (violencia intrafamiliar, violaciones, maltrato infantil, explotación sexual y comercial, trata de niños, adopciones ilegales...) y las políticas públicas tienen serias dificultades para ser aplicadas.
Con el fin de contribuir a la disminución de la violación de los derechos de la niñez y la adolescencia y de promover una cultura de respeto y denuncia, Fundación Diagrama, junto al socio local de Guatemala CEIPA y con el apoyo de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha el proyecto "Protección y atención para la niñez y la juventud".
Con esta iniciativa se pretende facilitar la efectiva aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, promoviendo una cultura de respeto y denuncia hacia la conculcación de los mismos, implementando un componente preventivo y de atención directa de casos.
Para ello, se ha puesto en marcha en Quetzaltenango una oficina de atención integral, donde un equipo multidisciplinar (abogados, psicólogo y trabajador social...) prestará el acompañamiento y la atención legal, psicológica y social necesaria a aquellos menores cuyos derechos hayan sido violentados (asentamientos extemporáneos, menores víctimas de abuso sexual, de maltrato, en conflicto con la ley,...). Del mismo modo, se tiene previsto realizar una campaña de sensibilización dirigida a la población en general en materia de Derechos Humanos promoviendo una cultura basada en el respeto, la denuncia en caso de vulneración y dando a conocer los canales y recursos jurídicos para hacerla efectiva. Igualmente se tiene previsto capacitar en esta materia a cada uno de los colectivos que están en relación directa con los menores: madres y padres, maestros, operadores judiciales así como a los propios menores.
El proyecto se extenderá a lo largo de dos años, y desde su puesta en marcha, en enero de 2009, se han atendido 15 casos, la mayoría, por maltrato, violencia intrafamiliar e incumplimiento de pensión alimenticia.
